Revivir muertos - Seguridad Jurídica

Imaginemos una situación en la que un nuevo funcionario público asume su cargo y se encuentra con una serie de expedientes y procedimientos heredados de su predecesor. Entre ellos, destacan las caducidades de las glosas de contraloría, asuntos que, según la ley, han perdido su competencia en razón del tiempo y se considerían procedimientos muertos. Sin embargo, en su afán por demostrar eficiencia y corregir presuntas irregularidades, el nuevo funcionario decide revivir estas glosas, ignorando los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE).

Recordemos que si bien el funcionario tiene una obligación de resolver, esto no quiere decir que esta obligación sea ignorando nulidades absolutas que se puedan identificar en el procedimiento, y por el contrario, las mismas deben ser comunicadas a las autoridades competentes para resolver  objetivamente. 

Este fenómeno, lo denominaremos 'revivir muertos jurídicos', esto ilustra claramente la problemática que enfrentan los nuevos funcionarios al evaluar las actuaciones de sus predecesores. Al ignorar los plazos de caducidad y reabrir procedimientos que se consideraban cerrados, se genera un clima de inseguridad e incertidumbre jurídica, minando la confianza en el sistema jurídico y en la protección de los derechos de los ciudadanos, es decir, violentando el derecho a la seguridad jurídica.

Es imprescindible resaltar que la seguridad jurídica no solo constituye un principio esencial del Estado de Derecho, sino que también representa un derecho fundamental de los ciudadanos. Este derecho asegura que las personas puedan prever con certeza las consecuencias jurídicas de sus acciones y que puedan confiar en que las autoridades actuarán de manera consistente y conforme a la ley.

En suma, revivir muertos jurídicos, los ciudadanos se enfrentan nuevamente a la posibilidad de ser sometidos a procesos legales o sanciones que ya habían sido superados, lo que mina su confianza en el sistema jurídico y en la protección de sus derechos.

Por tanto, es esencial que los funcionarios públicos respeten escrupulosamente los plazos y las disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones. Esto no solo implica cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, sino también garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido el derecho a la seguridad jurídica. Al hacerlo, se fortalece la legitimidad de las instituciones públicas y se promueve la confianza y la estabilidad en el sistema legal, elementos indispensables para el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho.

Cristian Guerrero, Abg.

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