El rol de la Contraloría General del Estado

La Contraloría General del Estado (CGE) es el organismo encargado de auditar el uso de los recursos públicos en Ecuador. Su función es crucial en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la gestión administrativa de las entidades estatales. Sin embargo, el ejercicio de su poder no está exento de críticas y cuestionamientos, especialmente en dos aspectos clave: su sistema de autoauditoría y la validez absoluta de sus resoluciones.

La Contraloría: ¿Quién controla al controlador?

La Contraloría General del Estado tiene la facultad de auditar a prácticamente todas las instituciones que administren fondos públicos, incluyendo entidades del gobierno central, gobiernos locales, empresas públicas e inclusive empresas privadas. No obstante, surge una interrogante fundamental: ¿Quién audita a la Contraloría?

La CGE se autoaudita a través de mecanismos internos, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la efectividad de este control. En teoría, la autoevaluación permite corregir errores y mejorar los procedimientos, pero en la práctica, la falta de un control externo independiente sobre la Contraloría puede generar opacidad y limitar la rendición de cuentas de la misma institución que exige transparencia a otros organismos.

En otros países, organismos de control similares tienen auditorías externas realizadas por entidades independientes o comisiones parlamentarias. En Ecuador, la falta de un mecanismo externo efectivo deja abierta la posibilidad de que ciertos errores o malas prácticas dentro de la Contraloría queden sin sanción ni corrección.

¿Todas las resoluciones de la Contraloría son correctas?

Otro punto de crítica es la percepción de infalibilidad que en ocasiones se da a las resoluciones de la CGE. Si bien actualmente ya no se encuentra incurriendo en caducidades para emitir sus resoluciones, esto no significa que todas sean correctas. La falta de caducidad no garantiza que las decisiones se hayan tomado con la debida fundamentación jurídica ni que sean compatibles con principios constitucionales como la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución) y el debido proceso (Art. 76 de la Constitución). Además, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece en su artículo 56 que la resolución sobre la determinación de responsabilidad civil culposa debe emitirse dentro del plazo de 180 días, lo que ha sido ratificado por la Corte Nacional de Justicia como un término fatal. Sin embargo, el cumplimiento de los plazos no asegura que la motivación de la resolución sea adecuada o que se hayan respetado correctamente los principios de legalidad y proporcionalidad en la determinación de responsabilidades.

Es común que algunos servidores públicos asuman que un informe de la Contraloría es incuestionable, cuando en realidad muchas resoluciones pueden contener errores, inconsistencias en la aplicación de la norma o interpretaciones jurídicas debatibles. En este sentido, la vía contencioso-administrativa se convierte en una herramienta fundamental para quienes consideran que han sido afectados por decisiones arbitrarias o erróneas de la Contraloría.

El problema radica en que no todos los servidores públicos tienen el conocimiento o los recursos para impugnar una resolución, lo que puede llevar a que se ejecuten sanciones o responsabilidades sin una verdadera revisión judicial. Además, la falta de una estandarización clara en la aplicación de criterios dentro de la Contraloría puede dar lugar a decisiones dispares para casos similares, afectando el principio de seguridad jurídica.

Entonces, la Contraloría General del Estado cumple una función vital en la administración pública ecuatoriana, garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y conforme a la ley. Sin embargo, su sistema de autoauditoría y la falta de revisión externa sobre sus propios procesos generan preocupaciones legítimas sobre su transparencia y objetividad.

Asimismo, el hecho de que actualmente la Contraloría emita sus resoluciones dentro del plazo legal no significa que todas sean correctas. Es fundamental que los servidores públicos conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa ante posibles errores en informes y sanciones emitidos por la CGE.

El fortalecimiento de la Contraloría no solo depende de sus procesos internos, sino también de un control externo más riguroso y de una mayor cultura jurídica entre los administradores públicos. Solo así se podrá garantizar que el control no se convierta en una herramienta arbitraria, sino en un verdadero mecanismo de mejora para la gestión estatal en Ecuador.